Víctimas de masacre de Chabasquén fueron torturadas y violadas

Víctimas de masacre de Chabasquén fueron torturadas y violadas
Marlenis Castellanos - El Nacional - Venezuela

Lunes, 27 de octubre de 2008

Los 60 efectivos de la policía del estado Lara que integran la comisaría número 21 del municipio Andrés Eloy Blanco, en Sanare, fueron trasladados a otras dependencias de ese cuerpo de seguridad en la región y desde hoy serán sustituidos por 80 funcionarios que estaban destacados en Barquisimeto.

Los funcionarios policiales que cumplían labores en Sanare permanecerán en otras localidades mientras se investiga la muerte de 6 personas, que fueron detenidas –en procedimientos irregulares– la noche del miércoles en el estado Lara y posteriormente aparecieron muertas el jueves en Chabasquén, estado Portuguesa. En la ejecución de 5 menores de edad y un adulto estarían involucrados 11 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado: 3 de Polilara, 4 del Cicpc y 4 de la GN.

La decisión del traslado de los policías fue tomada conjuntamente por el comandante de la Fuerza Armada Policial de Lara, coronel Octavio Chacón Guzmán y el general Carlos Colmenares, director de Seguridad y Orden Público de la gobernación.

El general Colmenares explicó que el cambio también obedece a la necesidad de proteger a los funcionarios, debido a que algunos de ellos, o sus familiares, han sido amenazados por la presunta participación de policías en la masacre ocurrida en la quebrada Agua Clara, en Chabasquén.

"No se ocultará nada. Vamos a colaborar cien por ciento porque somos los primeros interesados el esclarecer el asunto", dijo. No descartó que la matanza puede estar relacionada con la rivalidad de las bandas El Jarillal y El Seminario, pandillas que se han enfrentando por mantener el control en el mercado de las drogas en Sanare.

Colmenares destacó que el gobernador Luis Reyes Reyes ordenó toda la colaboración para que los organismos a los que corresponde puedan realizar la investigación con la propiedad que el caso amerita, y que si hay algún policía involucrado sea sancionado con todo el peso de la ley. Explicó que fueron instrucciones del gobernador realizar una investigación interna y trasladar a todo el personal que labora en la parte alta del municipio Andrés Eloy Blanco, con la finalidad de facilitar las investigaciones y minimizar las perturbaciones que el caso pueda suscitar.

Las patrullas asignadas a la localidad de Sanare fueron puestas a la orden de los investigadores del Cicpc que realizan las experticias, para que determinen si fueron utilizadas en el traslado de las víctimas.

Comité de Víctimas.

Por su parte, César Vizcaya, del Comité de Víctimas contra la Impunidad, informó que están solicitando que se realice una investigación exhaustiva. "Porque se observa en esta masacre el mismo modus operandi que utilizaron los comandos o escuadrones de la muerte de la policía en otros casos, donde también fueron ejecutados jóvenes de diversos poblados del estado Lara", como el de Loma de León (febrero de 2008), el de Los Pocitos (enero de 2004) o el de El Tostao (junio de 2005).

"Por eso se presume que son organismos policiales, que actúan con toda libertad. Detienen a dos muchachos el martes a las 5:00 pm, los familiares van a la comisaría 21 a denunciar la desaparición de los jóvenes. Al día siguiente, en la madrugada, hacen un allanamiento y se llevan a otras seis personas en carros oficiales del estado", resumió Vizcaya.

Agregó que, según informaciones que manejan en el comité, en el procedimiento actuó un comando conjunto de Guardia Nacional, Policía de Lara y funcionarios del Cicpc.

"La GN y el Cicpc aparentemente participaron en la coordinación. Según las experticias forenses, las dos muchachas fueron violadas y a tres de los jóvenes los torturaron y les cortaron la lengua. Los que hicieron eso son unos sanguinarios y deben ser detenidos. Las investigaciones públicas deben dar con el o los responsables y quienes participaron en el hecho", dijo.

Otros tres muchachos, que completaban el grupo de nueve, lograron sobrevivir a la masacre ocultándose entre los matorrales, y huyeron de sus victimarios. Dos de ellos están recluidos en el Hospital de Guanare, mientras que el otro fue dado de alta y contó al Cicpc todo lo ocurrido, incluyendo los detalles de su cautiverio y de sus agresores.