Recibo y difundo: Comunicado del Comité de Víctimas contra la Impunidad ante la campaña sistemática de descrédito instrumentada desde los cuerpos policiales del Estado Lara
Octubre 4, 2009
En vista de las reiteradas notas publicadas en la prensa regional en la cual se pretende criminalizar a miembros del Comité de Victimas Contra la Impunidad, queremos alertar y denunciar ante la colectividad la cínica intención de funcionarios policiales y sus voceros enquistadoslogo_cvci en diferentes espacios de la vida pública, al intentar crear una matriz de opinión orientada a silenciar las voces de las víctimas de violaciones de DDHH que, según cifras oficiales, han dejado el saldo rojo de más de 7.000 ejecuciones impunes cometidas a lo largo de diez años por parte de todos los cuerpos policiales y militares del Estado; consideramos muy grave el hecho que utilizando a los medios de comunicación se pretenda solapada o abiertamente justificar estos delitos bajo el falaz argumento del “enfrentamiento” o el presunto prontuario delictivo de los condenados extrajudicialmente a muerte, y peor aún promover la permisividad social contra estos actos violatorios a los DDHH.
Nuestro trabajo de monitoreo de casos en la entidad nos permite concluir que NO EXISTE ESTADO DE DERECHO para las humildes víctimas de estas prácticas criminales , y en ese sentido la matriz de opinión instigada contra nuestros miembros no tiene otro objetivo que ensayar la instauración de una especie de Apartheid en el cual una mayoría de la población quede socialmente inhabilitada de denunciar y exigir sus derechos, condenada así a sufrir impotente la pena de muerte contra sus familiares, particularmente cuando los responsables de estos crímenes se erigen en una casta intocable de funcionarios que actúan como verdaderos perros de presa al servicio del terrorismo del Estado policial/militar instituido en Venezuela y sostenido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y una sombría celestina llamada Defensoría del “Pueblo”.
Desde esta tribuna le decimos a quienes acomodaticiamente se han hecho eco y cómplices del crimen institucionalizado, que la pena de muerte es la negación irreversible de todos los DDHH – la sanción penal que ordena la privación de vida al delincuente fue abolida en Venezuela desde 1863- por ello el exterminio de cualquier ciudadano se traduce en una acción extrajudicial sancionada estatutariamente. En este sentido alertamos a los renegados históricos, que por más que quieran no podrán echar atrás la rueda de la historia, ni lograrán borrar de un plumazo los derechos alcanzados por los pueblos tras siglos de lucha por su emancipación. Apegados a este precepto desde el CVCI continuaremos con nuestro trabajo organizativo y de denuncia, hoy tan vigente como ayer.
Finalmente, nuestro reconocimiento y admiración a las cientos de familias del estado Lara, particularmente a sus mujeres (madres, abuelas, esposas y hermanas) que dignamente han alzado su grito sobre el silencio cómplice, y a las personas e instituciones que en el ámbito regional y nacional nos han apoyado; a tod@s ratificamos nuestro compromiso y solidaridad activa por la defensa permanente de los derechos de todos y de todas.
¡GUARDAR SILECIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
¡¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VÍCTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
CVCI-LARA. OCTUBRE 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
La familia de Héctor Velandia continúa esperando justicia
Rosalba, Wilfredo y Violeta Velandia recuerdan que aquel viernes, luego de cumplir con su jornada de labores en Cadafe, Portuguesa, Héctor contrató un carro libre para que le llevara hasta Chichiriviche con el propósito de disfrutar de un fin de semana de playa.
En Sarare, el ingeniero y el chofer del libre, Damasio Soto, fueron secuestrados por dos delincuentes, presumiblemente para obligarles a entregar dinero o exigírselo a los familiares del primero.
Cuando huían a toda velocidad se estrellaron contra una gandola muriendo Velandia y Soto, mientras los presuntos delincuentes, Jesús David Rodríguez Arteaga (a) "El Guabina" y Rafael Cecilio Rivero Espinoza (a) "Rafaelito", resultaban lesionados.
Adelantadas las investigaciones por parte del Cicpc, el expediente contra ambos pasó a los tribunales y el primero de diciembre del mismo año les libraron órdenes de captura, pero hasta ahora las mismas no se han hecho efectivas.
Indicaron los hermanos Velandia que "El Guabina" y "Rafaelito", antes de ese proceso judicial, habían sido imputados por tráfico y ocultamiento de drogas el primero y hurto y robo de vehículos el segundo.
El caso, precisaron, es que ambos, que estaban bajo presentación por causas anteriores al secuestro y muerte de nuestro hermano, siguieron acudiendo al respectivo tribunal y nunca los detuvieron.
Cuando se están cumpliendo 5 años de la desaparición del ingeniero Héctor Luis Velandia Oliveros, sus hermanos solicitaron públicamente ante los órganos competentes, en este caso el Poder Judicial de Lara, se haga justicia y se les de a ellos, también como víctimas, un trato humanitario ya que se encuentran indefensos pues, "no basta con matarnos un familiar sino que también se nos amenaza de muerte, y como es sabido, las armas están en poder del hampa".
DIARIO EL IMPULSO DE LARA
Rosalba, Wilfredo y Violeta Velandia recuerdan que aquel viernes, luego de cumplir con su jornada de labores en Cadafe, Portuguesa, Héctor contrató un carro libre para que le llevara hasta Chichiriviche con el propósito de disfrutar de un fin de semana de playa.
En Sarare, el ingeniero y el chofer del libre, Damasio Soto, fueron secuestrados por dos delincuentes, presumiblemente para obligarles a entregar dinero o exigírselo a los familiares del primero.
Cuando huían a toda velocidad se estrellaron contra una gandola muriendo Velandia y Soto, mientras los presuntos delincuentes, Jesús David Rodríguez Arteaga (a) "El Guabina" y Rafael Cecilio Rivero Espinoza (a) "Rafaelito", resultaban lesionados.
Adelantadas las investigaciones por parte del Cicpc, el expediente contra ambos pasó a los tribunales y el primero de diciembre del mismo año les libraron órdenes de captura, pero hasta ahora las mismas no se han hecho efectivas.
Indicaron los hermanos Velandia que "El Guabina" y "Rafaelito", antes de ese proceso judicial, habían sido imputados por tráfico y ocultamiento de drogas el primero y hurto y robo de vehículos el segundo.
El caso, precisaron, es que ambos, que estaban bajo presentación por causas anteriores al secuestro y muerte de nuestro hermano, siguieron acudiendo al respectivo tribunal y nunca los detuvieron.
Cuando se están cumpliendo 5 años de la desaparición del ingeniero Héctor Luis Velandia Oliveros, sus hermanos solicitaron públicamente ante los órganos competentes, en este caso el Poder Judicial de Lara, se haga justicia y se les de a ellos, también como víctimas, un trato humanitario ya que se encuentran indefensos pues, "no basta con matarnos un familiar sino que también se nos amenaza de muerte, y como es sabido, las armas están en poder del hampa".
DIARIO EL IMPULSO DE LARA
QUIEN ERA HÉCTOR VELANDIA OLIVEROS
Nació el 18 de noviembre de 1966 en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Hijo de Luisa Oliveros de Velandia y Justo Pastor Velandia Prato (fallecido), este último Guardia Nacional. El octavo de 12 hermanos, quienes impulsados y guiados por sus padres obtuvieron profesiones universitarias. Héctor, egresó de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela) como Ingeniero Mecánico y obtuvo el cargo de Jefe de Transporte de la Empresa del sector eléctrico ELEOCCIDENTE, cargo que desempeño con gran honestidad y un elevado profesionalismo, de tal forma que estaba a punto de obtener un ascenso. Fue ASESINADO en Sarare, Estado Lara, el 3 de septiembre del año 2004
Nació el 18 de noviembre de 1966 en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Hijo de Luisa Oliveros de Velandia y Justo Pastor Velandia Prato (fallecido), este último Guardia Nacional. El octavo de 12 hermanos, quienes impulsados y guiados por sus padres obtuvieron profesiones universitarias. Héctor, egresó de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela) como Ingeniero Mecánico y obtuvo el cargo de Jefe de Transporte de la Empresa del sector eléctrico ELEOCCIDENTE, cargo que desempeño con gran honestidad y un elevado profesionalismo, de tal forma que estaba a punto de obtener un ascenso. Fue ASESINADO en Sarare, Estado Lara, el 3 de septiembre del año 2004
EL UNIVERSAL 06-08-2006
Red de víctimas contra la impunidad exige limpieza en Poder Judicial
http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_art_06108C.shtml
Alertan sobre posible reincorporación de jueces destituidos
La Red Nacional de Comités de Víctimas contra la Impunidad denunció la posible reincorporación de jueces destituidos por falta grave durante la gestión del entonces magistrado Luis Velázquez Alvaray al frente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial.
César Vizcaya, integrante de la organización no gubernamental, aseguró que en el estado Lara, los propios ex integrantes del Poder Judicial Minerva Parra, Wilmer Muñoz y Rosa Acosta Castillo comentan en el Palacio de Justicia regional que "tienen todo listo para regresar a sus cargos". "Estos jueces estaban en camaraderías con las mafias judiciales del Estado", acotó.
"Estamos de acuerdo con la limpieza que se ha hecho en el sistema judicial. Ahora exigimos que no haya un reciclaje de los funcionarios destituidos, no vaya a ser que los jueces que sacan de Lara los manden para Apure, o de Táchira para Cojedes, sino que si una vez destuidos, no sean reincorporados", señaló María del Rosario Guerrero Galucci, víctima de presuntos efectivos de Poliguárico, al tiempo que aseveró que el pasado 4 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y exigió que el Estado venezolano le garantice medidas de protección.
Las víctimas, en su mayoría por abuso policial, y sus familiares amenazan con iniciar una ola de protestas en Caracas y el interior del país a fin exigir a las autoridades "limpieza" en el Poder Judicial y cese de la impunidad.
Juan Carlos Mellizo, padre del joven con el mismo nombre, asesinado el 1 de enero de 2004 por un efectivo de la Guardia Nacional en Barquisimeto, estado Lara, clama por justicia. "Después de dos años, logramos que el responsable fuese sentenciado a 15 años de prisión y ahora por desidia y falta de la Fiscalía, la defensa ejerció recursos ante la Corte de Apelaciones para intentar la rebaja de la pena. Quieren cambiar el delito que le imputaron de homicidio intencional a homicidio culposo", dijo.
Asimismo, Wilfredo Velandia, hermano del ingeniero asesinado Héctor Velandia, pide castigo para los asesinos, integrantes de una banda de piratas de carrera. Asegura que el entonces fiscal auxiliar tercero, José Castillo, "asumió una actitud negligente, ya que habiendo un detenido con antecedentes, Rafael Cecilio Rivero Espinoza, ordena que el caso sea tratado como un accidente de tránsito normal y deja en libertad al ciudadano".
Según Velandia, su hermano fue secuestrado el 4 de septiembre de 2004 mientras se desplazaba en un taxi. Durante el incidente, el vehículo chocó contra una gandola en la carretera Acarigua-Barquisimeto. Murió el ingeniero y el taxista.
"Nos preocupa que las investigaciones se vayan a viciar", precisó.
Red de víctimas contra la impunidad exige limpieza en Poder Judicial
http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_art_06108C.shtml
Alertan sobre posible reincorporación de jueces destituidos
La Red Nacional de Comités de Víctimas contra la Impunidad denunció la posible reincorporación de jueces destituidos por falta grave durante la gestión del entonces magistrado Luis Velázquez Alvaray al frente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial.
César Vizcaya, integrante de la organización no gubernamental, aseguró que en el estado Lara, los propios ex integrantes del Poder Judicial Minerva Parra, Wilmer Muñoz y Rosa Acosta Castillo comentan en el Palacio de Justicia regional que "tienen todo listo para regresar a sus cargos". "Estos jueces estaban en camaraderías con las mafias judiciales del Estado", acotó.
"Estamos de acuerdo con la limpieza que se ha hecho en el sistema judicial. Ahora exigimos que no haya un reciclaje de los funcionarios destituidos, no vaya a ser que los jueces que sacan de Lara los manden para Apure, o de Táchira para Cojedes, sino que si una vez destuidos, no sean reincorporados", señaló María del Rosario Guerrero Galucci, víctima de presuntos efectivos de Poliguárico, al tiempo que aseveró que el pasado 4 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y exigió que el Estado venezolano le garantice medidas de protección.
Las víctimas, en su mayoría por abuso policial, y sus familiares amenazan con iniciar una ola de protestas en Caracas y el interior del país a fin exigir a las autoridades "limpieza" en el Poder Judicial y cese de la impunidad.
Juan Carlos Mellizo, padre del joven con el mismo nombre, asesinado el 1 de enero de 2004 por un efectivo de la Guardia Nacional en Barquisimeto, estado Lara, clama por justicia. "Después de dos años, logramos que el responsable fuese sentenciado a 15 años de prisión y ahora por desidia y falta de la Fiscalía, la defensa ejerció recursos ante la Corte de Apelaciones para intentar la rebaja de la pena. Quieren cambiar el delito que le imputaron de homicidio intencional a homicidio culposo", dijo.
Asimismo, Wilfredo Velandia, hermano del ingeniero asesinado Héctor Velandia, pide castigo para los asesinos, integrantes de una banda de piratas de carrera. Asegura que el entonces fiscal auxiliar tercero, José Castillo, "asumió una actitud negligente, ya que habiendo un detenido con antecedentes, Rafael Cecilio Rivero Espinoza, ordena que el caso sea tratado como un accidente de tránsito normal y deja en libertad al ciudadano".
Según Velandia, su hermano fue secuestrado el 4 de septiembre de 2004 mientras se desplazaba en un taxi. Durante el incidente, el vehículo chocó contra una gandola en la carretera Acarigua-Barquisimeto. Murió el ingeniero y el taxista.
"Nos preocupa que las investigaciones se vayan a viciar", precisó.
CASOS DE IMPUNIDAD, ASESINAN AL INGENIERO MECÁNICO HÉCTOR LUIS VELANDIA OLIVEROS
TOMADO DE EL IMPULSO DIGITAL
http://www.elimpulso.com/Pages/VerNoticia.asp?id=18082&fp=8/24/2005
Wilfredo Rafael Velandia Oliveros
Luego de que murió mi hermano comenzamos a vivir un viacrucis
El ingeniero Héctor Velandia murió el tres de septiembre de 2003 en una accidente de tránsito, luego de que fuera secuestrado por una banda de cinco delincuentes que lo ataron del cuello con una soga y lo obligaron a conducir el taxi donde iba a bordo
El 3 de septiembre de 2004, a las 5:30 de la tarde, el ingeniero Héctor Velandia, de 37 años de edad, quien iba a bordo de un taxi, desde Guanare hasta San Felipe, con destino a su residencia, fue secuestrado junto con el conductor, por cinco sujetos que integran una banda de piratas de carretera denominada Los Chongos, que opera en la carretera Barquisimeto-Acarigua.
Luego de que fueron sometidos con armas de fuego y golpeados, a Velandia lo ataron del cuello con una soga, que pasaron dos de los delincuentes por el apoyacabeza del vehículo y lo obligan a conducir.
Wilfredo Velandia, hermano del occiso, explicó que debido a la tortura y presión psicológica a la cual sometieron a Héctor, perdió el control del taxi y chocó contra una gandola y debido al impacto que recibió se le desprendió la masa encefálica.
El conductor del taxi, Damasio Soto Cortés, también falleció ese mismo día producto del golpe que recibió en el choque, el cual se registró en el sector Conuquito de la población de Sarare, estado Lara.
Los delincuentes quedaron heridos, y Rafael Cecilio Rivero Espinoza fue trasladado al Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. El otro, identificado como Jesús David Rodríguez Arteaga, fue auxiliado por sus tres compañeros, quienes iban a a bordo del malibú Vino Tinto, según la versión que suministraron los testigos.
De acuerdo al relato de la familia Velandia Héctor el día en que se suscitó el hecho llamó a la empresa Servi taxi 2000, con sede en Guanare, y solicitó un chofer de confianza, porque era cliente de esta línea, para que lo trasladara a las ocho de la noche a San Felipe, donde lo esperaba su esposa Carlota Padilla.
A nuestro hermano lo llevó el señor Cortes, avance de la referida línea, a quien no conocía, pero lo enviaron porque supuestamente al chófer que le correspondía hacer el viaje no tenía vigente el Seguro de Responsabilidad Civil.
Wilfredo, quien declaró junto con sus hermanos Violeta Deiglis e Iván, informó que luego del siniestro la línea de taxi nunca presentó este seguro y mintió sobre la manera como el ingeniero solicitó el taxi, porque al parecer colocaron una llamada falsa supuestamente realizada por él.
Comentó que en el trayecto Guanare-San Felipe el taxi donde iba el hoy occiso, que era un vehículo marca Hiunday, fue interceptado por la banda de piratas de carretera.
Denunció que dos de los delincuentes fueron los que abordaron el taxi. Uno de ellos fue identificado como Rafael Cecilio Rivero Espinoza, quien, aseguró, “tiene antecedentes penales por robo genérico-atraco, según expediente número F359-276, y se ubicó en el puesto delantero”.
En el asiento trasero izquierdo del taxi iba el conductor Soto y a su lado el otro delincuente, Jesús David Rodríguez Arteaga, “quien también posee antecedentes penales por detentación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo al expediente número KP01-S-2004-16445”.
Como dato curioso destacó que para ese momento Rodríguez trabajaba como chofer de grúa de Auxilio Vial del Peaje Simón Planas (Sarare).
Víacrucis
Desde que falleció el ingeniero Héctor Luis Velandia Oliveros, su mamá, hermanos y sobrinos se propusieron luchar y no descansar hasta que se haga justicia por su muerte.
La víctima era el octavo de 12 hijos de la señora Luisa, ama de casa y de Justo Pastor Velandia Prato (fallecido), sargento de la Guardia Nacional (jubilado).
Héctor obtuvo el título de ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes. Se desempeñaba como jefe de transporte de Eleoccidente-Portuguesa, contaba con 37 años de edad, y sus hermanos lo recuerdan como “un hombre honesto, trabajador, un excelente hijo, esposo y hermano”.
Durante casi dos años sus familiares se han dedicado a investigar el caso, hacerle seguimiento, visitar los tribunales, las diferentes fiscalías del Ministerio Público de Lara, e incluso se han visto en la necesidad de organizar algunas protestas frente al Edificio Nacional, para exigir la captura de Rodríguez Arteaga.
Lo más insólito de este caso, según Wilfredo, es que el ciudadano Rodríguez, según la versión de los hermanos Velandía, goza de una medida de presentación cautelar (Exp. KP01-S-2004-16445), y debía presentarse todos los meses en el Circuito Judicial del Estado Lara, como lo hizo hasta el 29 de marzo de 2005, a pesar de que en el mes de diciembre de 2004 se libró en su contra una orden de aprehensión a nivel nacional. Asimismo se paseaba libremente en un nova color crema entre Sarare y Barquisimeto.
Todo eso lo saben la Fiscalía Superior de Lara, los fiscales Marcial Andueza Castillo y Marcos Parra, y las autoridades del Circuito Judicial Penal de Lara, presidida en ese momento por la doctora Rosa Acosta, como consta en las comunicaciones enviadas por Wilfredo Velandia; e igualmente lo hizo en forma verbal, en presencia de testigos.
Dijo que por esta situación se hizo una denuncia ante el Circuito Judicial Penal de Lara, a cargo en este momento del doctor Amado Carrillo, por la actitud asumida por los alguaciles, ya que al momento de presentación de Jesús David Rodríguez Arteaga no fue detenido, a pesar de que aparece una minuta en el expediente por el cual el ciudadano se presentaba, enviada por el Juez de Control N° 4, Luis Martínez.
Los hermanos Velandia se preguntan ¿por qué no lo detuvieron en esas muchas oportunidades?, y si a esto se puede llamar “protección de delincuentes”. Hasta la presente no se han establecido responsabilidades al respecto.
Este delincuente se encuentra prófugo de la justicia y todavía no se le ha suspendido la medida de presentación cautelar otorgada por el Tribunal de Control N° 3, a pesar de que se le ha informado al mismo de dicha irregularidad.
En el MP se negaron a recibir la denuncia
Los familiares de Héctor Velandia se enteraron del terrible hecho cuando llegan a Barquisimeto y les informaron los fiscales de tránsito terrestre y leen las informaciones que publicaron los medios de comunicación social del estado Lara y Portuguesa.
Wilfredo comentó que en el taxi donde viajaba su hermano fueron encontradas unas armas de fuego y pasamontañas.
Por este motivo, continuó su relato, mi hermana Rosalva y otros familiares nos dirigimos a la Fiscalía III, e interpusimos la denuncia correspondiente, la cual no fue aceptada por el Fiscal Auxiliar José Castillo, quien nos trató con desprecio y altanería, expresando que nos dirigiéramos al CICPC, que era el organismo competente para ello.
Sin embargo, ante nuestros ruegos y luego de exigencias se vio obligado a aceptar la denuncia. Para ello designó al mensajero de dicha Fiscalía (consta en acta), violando los artículos 285 y 286 del Código Orgánico Procesal Penal.
Posteriormente, a pesar de los hechos ya narrados, que hacían presumir un hecho punible, el fiscal auxiliar José Castillo ordenó la libertad del único detenido, Rafael Cecilio Rivero Espinoza, además de que el caso sea tratado como un accidente tránsito, contraviniendo el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
A raíz de esta situación los hermanos Velandia decidieron denunciar a este Fiscal ante la Fiscalía 22 del estado Lara, la cual estaba a cargo del doctor Carrillo, quien después de una investigación imputó a este Fiscal, que posteriormente fue destituido.
El caso está paralizado
Después de la destitución del fiscal José Castillo el caso lo asume el abogado Andrés Bernes.
Según Wilfredo y sus tres hermanos Violeta, Deiglis e Iván, en este momento el proceso se encuentra paralizado. Ellos se preguntan ¿por qué la Fiscalía 22 del estado Lara protege a José Castillo?, pues “no han presentando el acto conclusivo y se vició el caso, para que cuando llegue a instancias superiores esta denuncia sea desestimada”.
Indicaron que ninguno de los familiares del ingeniero han tenido acceso al expediente, en clara violación a los artículos 304, 118, 119 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal.
Luego vivir esta situación continúa nuestro calvario, con nuestro dolor a cuestas y una anciana madre de 67 años destrozada; acudimos al Ministerio Público como primera instancia, pero no fuimos oídos; por ello nosotros mismos nos dirigimos a Sarare e hicimos las averiguaciones y con ellas logramos que el caso de nuestro hermano Héctor fuera asumido por la Fiscalía II, cuyo titular es el abogado Marcial Andueza Castillo (el cual siempre estaba de reposo, permiso y últimamente de vacaciones o realizando cursos) y como fiscal auxiliar Marcos Parra.
Irregularidades por doquier
La familia Velandia, que tiene más de año y medio realizando sus propias investigaciones sobre el caso, asegura que existen muchas irregularidades que han entorpecido el caso.
Con relación a Rafael Cecilio Rivero Espinoza, quien es otro de los implicados, señaló Wilfredo Velandía que éste ciudadano se encuentra detenido en la cárcel de Uribana por robo de vehículo y detentación de armas de fuego y no por el homicidio de Héctor Velandia, “porque muchas pruebas se perdieron y muchas diligencias no se realizaron a tiempo o todavía no se han practicado, aunque ya han transcurrido 11 meses, todo ello por la actuación negligente de las fiscalías que han tenido el caso”.
Otro aspecto a destacar es que la audiencia preliminar ha sido suspendida en dos oportunidades: el 4 de julio y el 1 de agosto, y fue fijada nuevamente para el próximo 31 de agosto. La primera suspensión motivada a que no se convocó a una de las partes, la viuda del taxista asesinado, y la segunda porque no se tiene certeza de que el Circuito Judicial de Portuguesa le hizo llegar la notificación a la víctima (Onesima de Soto), además de que no se realizó el traslado del imputado.
Denunciaron la deficiencia e ineficacia del Poder Judicial y mostraron documentos en lo cuales se evidencia que existe orden de captura en contra del ciudadano Jesús Rodríguez, alias “El Guabina”, con errores en el segundo nombre y el número de cédula de identidad.
Incluso en el acta conclusiva suscrita por los fiscales José Gregorio Petrillo, Angela León y Rómulo Jesús Pacheco, se comete el mismo error, pero en este caso el número de cédula es diferente y al parecer pertenece a un joven, porque es la siguiente: 17.574.191.
Fiscalía VI y III deben realizar las investigaciones
Actualmente el caso de Héctor Velandia está asignado a las Fiscalías VI y III, a cargo de los abogados Ana Carolina Ramírez y José Gregorio Petrillo, respectivamente, y continúa el Fiscal Nacional 17, doctor Rómulo Pacheco.
Wilfredo Velandia piensa que “la situación no ha cambiado y sigue la misma suerte que en la Fiscalía II, porque las investigaciones están paralizadas y no entiendo qué están esperando estos representantes del Ministerio Público”.
Dijo que los otros implicados en el caso pertenecen también a la denominada Banda de Los Chongos. “El cabecilla fue detenido en el municipio Simón Planas en el mes de junio, y está sindicado de atracar viajeros de la carretera Acarigua-Barquisimeto e igualmente de ser “pirata de carretera”. Para el momento de su detención tenía una pistola calibre 6.35, solicitada por el CICPC de Guanare, según una información publicada por el diario EL IMPULSO el 25 de junio de este año.
Señaló que esta banda fue denunciada por ellos el dos de diciembre de 2004 ante la Fiscalía XVII con competencia nacional, a cargo del Dr. Rómulo Pacheco, y éste la remitió a la Fiscalía II del Estado Lara, pero nunca se inició ninguna investigación.
“No me quitarán el derecho de luchar”
La señora Luisa, madre del ingeniero Velandia, envió una carta en la cual expresa su opinión sobre el caso de su hijo, a quien le escribió lo siguiente:
“Mi querido hijo, sólo me queda tu recuerdo; el muchacho grandotote que llegaba todos los sábados: bendición maíta, me daba un beso y me envolvía en sus brazos. La vida me obliga a aceptar tu muerte, pero los hombres de esta sociedad de indolentes e incapaces no me quitarán el derecho de luchar, para que se haga justicia y con ello se esclarezca tu muerte. No hay día en que llore tú ausencia y no hay sábado que no espere tu llegada”.
Carmen Julia Viloria
TOMADO DE EL IMPULSO DIGITAL
http://www.elimpulso.com/Pages/VerNoticia.asp?id=18082&fp=8/24/2005
Wilfredo Rafael Velandia Oliveros
Luego de que murió mi hermano comenzamos a vivir un viacrucis
El ingeniero Héctor Velandia murió el tres de septiembre de 2003 en una accidente de tránsito, luego de que fuera secuestrado por una banda de cinco delincuentes que lo ataron del cuello con una soga y lo obligaron a conducir el taxi donde iba a bordo
El 3 de septiembre de 2004, a las 5:30 de la tarde, el ingeniero Héctor Velandia, de 37 años de edad, quien iba a bordo de un taxi, desde Guanare hasta San Felipe, con destino a su residencia, fue secuestrado junto con el conductor, por cinco sujetos que integran una banda de piratas de carretera denominada Los Chongos, que opera en la carretera Barquisimeto-Acarigua.
Luego de que fueron sometidos con armas de fuego y golpeados, a Velandia lo ataron del cuello con una soga, que pasaron dos de los delincuentes por el apoyacabeza del vehículo y lo obligan a conducir.
Wilfredo Velandia, hermano del occiso, explicó que debido a la tortura y presión psicológica a la cual sometieron a Héctor, perdió el control del taxi y chocó contra una gandola y debido al impacto que recibió se le desprendió la masa encefálica.
El conductor del taxi, Damasio Soto Cortés, también falleció ese mismo día producto del golpe que recibió en el choque, el cual se registró en el sector Conuquito de la población de Sarare, estado Lara.
Los delincuentes quedaron heridos, y Rafael Cecilio Rivero Espinoza fue trasladado al Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. El otro, identificado como Jesús David Rodríguez Arteaga, fue auxiliado por sus tres compañeros, quienes iban a a bordo del malibú Vino Tinto, según la versión que suministraron los testigos.
De acuerdo al relato de la familia Velandia Héctor el día en que se suscitó el hecho llamó a la empresa Servi taxi 2000, con sede en Guanare, y solicitó un chofer de confianza, porque era cliente de esta línea, para que lo trasladara a las ocho de la noche a San Felipe, donde lo esperaba su esposa Carlota Padilla.
A nuestro hermano lo llevó el señor Cortes, avance de la referida línea, a quien no conocía, pero lo enviaron porque supuestamente al chófer que le correspondía hacer el viaje no tenía vigente el Seguro de Responsabilidad Civil.
Wilfredo, quien declaró junto con sus hermanos Violeta Deiglis e Iván, informó que luego del siniestro la línea de taxi nunca presentó este seguro y mintió sobre la manera como el ingeniero solicitó el taxi, porque al parecer colocaron una llamada falsa supuestamente realizada por él.
Comentó que en el trayecto Guanare-San Felipe el taxi donde iba el hoy occiso, que era un vehículo marca Hiunday, fue interceptado por la banda de piratas de carretera.
Denunció que dos de los delincuentes fueron los que abordaron el taxi. Uno de ellos fue identificado como Rafael Cecilio Rivero Espinoza, quien, aseguró, “tiene antecedentes penales por robo genérico-atraco, según expediente número F359-276, y se ubicó en el puesto delantero”.
En el asiento trasero izquierdo del taxi iba el conductor Soto y a su lado el otro delincuente, Jesús David Rodríguez Arteaga, “quien también posee antecedentes penales por detentación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo al expediente número KP01-S-2004-16445”.
Como dato curioso destacó que para ese momento Rodríguez trabajaba como chofer de grúa de Auxilio Vial del Peaje Simón Planas (Sarare).
Víacrucis
Desde que falleció el ingeniero Héctor Luis Velandia Oliveros, su mamá, hermanos y sobrinos se propusieron luchar y no descansar hasta que se haga justicia por su muerte.
La víctima era el octavo de 12 hijos de la señora Luisa, ama de casa y de Justo Pastor Velandia Prato (fallecido), sargento de la Guardia Nacional (jubilado).
Héctor obtuvo el título de ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes. Se desempeñaba como jefe de transporte de Eleoccidente-Portuguesa, contaba con 37 años de edad, y sus hermanos lo recuerdan como “un hombre honesto, trabajador, un excelente hijo, esposo y hermano”.
Durante casi dos años sus familiares se han dedicado a investigar el caso, hacerle seguimiento, visitar los tribunales, las diferentes fiscalías del Ministerio Público de Lara, e incluso se han visto en la necesidad de organizar algunas protestas frente al Edificio Nacional, para exigir la captura de Rodríguez Arteaga.
Lo más insólito de este caso, según Wilfredo, es que el ciudadano Rodríguez, según la versión de los hermanos Velandía, goza de una medida de presentación cautelar (Exp. KP01-S-2004-16445), y debía presentarse todos los meses en el Circuito Judicial del Estado Lara, como lo hizo hasta el 29 de marzo de 2005, a pesar de que en el mes de diciembre de 2004 se libró en su contra una orden de aprehensión a nivel nacional. Asimismo se paseaba libremente en un nova color crema entre Sarare y Barquisimeto.
Todo eso lo saben la Fiscalía Superior de Lara, los fiscales Marcial Andueza Castillo y Marcos Parra, y las autoridades del Circuito Judicial Penal de Lara, presidida en ese momento por la doctora Rosa Acosta, como consta en las comunicaciones enviadas por Wilfredo Velandia; e igualmente lo hizo en forma verbal, en presencia de testigos.
Dijo que por esta situación se hizo una denuncia ante el Circuito Judicial Penal de Lara, a cargo en este momento del doctor Amado Carrillo, por la actitud asumida por los alguaciles, ya que al momento de presentación de Jesús David Rodríguez Arteaga no fue detenido, a pesar de que aparece una minuta en el expediente por el cual el ciudadano se presentaba, enviada por el Juez de Control N° 4, Luis Martínez.
Los hermanos Velandia se preguntan ¿por qué no lo detuvieron en esas muchas oportunidades?, y si a esto se puede llamar “protección de delincuentes”. Hasta la presente no se han establecido responsabilidades al respecto.
Este delincuente se encuentra prófugo de la justicia y todavía no se le ha suspendido la medida de presentación cautelar otorgada por el Tribunal de Control N° 3, a pesar de que se le ha informado al mismo de dicha irregularidad.
En el MP se negaron a recibir la denuncia
Los familiares de Héctor Velandia se enteraron del terrible hecho cuando llegan a Barquisimeto y les informaron los fiscales de tránsito terrestre y leen las informaciones que publicaron los medios de comunicación social del estado Lara y Portuguesa.
Wilfredo comentó que en el taxi donde viajaba su hermano fueron encontradas unas armas de fuego y pasamontañas.
Por este motivo, continuó su relato, mi hermana Rosalva y otros familiares nos dirigimos a la Fiscalía III, e interpusimos la denuncia correspondiente, la cual no fue aceptada por el Fiscal Auxiliar José Castillo, quien nos trató con desprecio y altanería, expresando que nos dirigiéramos al CICPC, que era el organismo competente para ello.
Sin embargo, ante nuestros ruegos y luego de exigencias se vio obligado a aceptar la denuncia. Para ello designó al mensajero de dicha Fiscalía (consta en acta), violando los artículos 285 y 286 del Código Orgánico Procesal Penal.
Posteriormente, a pesar de los hechos ya narrados, que hacían presumir un hecho punible, el fiscal auxiliar José Castillo ordenó la libertad del único detenido, Rafael Cecilio Rivero Espinoza, además de que el caso sea tratado como un accidente tránsito, contraviniendo el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
A raíz de esta situación los hermanos Velandia decidieron denunciar a este Fiscal ante la Fiscalía 22 del estado Lara, la cual estaba a cargo del doctor Carrillo, quien después de una investigación imputó a este Fiscal, que posteriormente fue destituido.
El caso está paralizado
Después de la destitución del fiscal José Castillo el caso lo asume el abogado Andrés Bernes.
Según Wilfredo y sus tres hermanos Violeta, Deiglis e Iván, en este momento el proceso se encuentra paralizado. Ellos se preguntan ¿por qué la Fiscalía 22 del estado Lara protege a José Castillo?, pues “no han presentando el acto conclusivo y se vició el caso, para que cuando llegue a instancias superiores esta denuncia sea desestimada”.
Indicaron que ninguno de los familiares del ingeniero han tenido acceso al expediente, en clara violación a los artículos 304, 118, 119 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal.
Luego vivir esta situación continúa nuestro calvario, con nuestro dolor a cuestas y una anciana madre de 67 años destrozada; acudimos al Ministerio Público como primera instancia, pero no fuimos oídos; por ello nosotros mismos nos dirigimos a Sarare e hicimos las averiguaciones y con ellas logramos que el caso de nuestro hermano Héctor fuera asumido por la Fiscalía II, cuyo titular es el abogado Marcial Andueza Castillo (el cual siempre estaba de reposo, permiso y últimamente de vacaciones o realizando cursos) y como fiscal auxiliar Marcos Parra.
Irregularidades por doquier
La familia Velandia, que tiene más de año y medio realizando sus propias investigaciones sobre el caso, asegura que existen muchas irregularidades que han entorpecido el caso.
Con relación a Rafael Cecilio Rivero Espinoza, quien es otro de los implicados, señaló Wilfredo Velandía que éste ciudadano se encuentra detenido en la cárcel de Uribana por robo de vehículo y detentación de armas de fuego y no por el homicidio de Héctor Velandia, “porque muchas pruebas se perdieron y muchas diligencias no se realizaron a tiempo o todavía no se han practicado, aunque ya han transcurrido 11 meses, todo ello por la actuación negligente de las fiscalías que han tenido el caso”.
Otro aspecto a destacar es que la audiencia preliminar ha sido suspendida en dos oportunidades: el 4 de julio y el 1 de agosto, y fue fijada nuevamente para el próximo 31 de agosto. La primera suspensión motivada a que no se convocó a una de las partes, la viuda del taxista asesinado, y la segunda porque no se tiene certeza de que el Circuito Judicial de Portuguesa le hizo llegar la notificación a la víctima (Onesima de Soto), además de que no se realizó el traslado del imputado.
Denunciaron la deficiencia e ineficacia del Poder Judicial y mostraron documentos en lo cuales se evidencia que existe orden de captura en contra del ciudadano Jesús Rodríguez, alias “El Guabina”, con errores en el segundo nombre y el número de cédula de identidad.
Incluso en el acta conclusiva suscrita por los fiscales José Gregorio Petrillo, Angela León y Rómulo Jesús Pacheco, se comete el mismo error, pero en este caso el número de cédula es diferente y al parecer pertenece a un joven, porque es la siguiente: 17.574.191.
Fiscalía VI y III deben realizar las investigaciones
Actualmente el caso de Héctor Velandia está asignado a las Fiscalías VI y III, a cargo de los abogados Ana Carolina Ramírez y José Gregorio Petrillo, respectivamente, y continúa el Fiscal Nacional 17, doctor Rómulo Pacheco.
Wilfredo Velandia piensa que “la situación no ha cambiado y sigue la misma suerte que en la Fiscalía II, porque las investigaciones están paralizadas y no entiendo qué están esperando estos representantes del Ministerio Público”.
Dijo que los otros implicados en el caso pertenecen también a la denominada Banda de Los Chongos. “El cabecilla fue detenido en el municipio Simón Planas en el mes de junio, y está sindicado de atracar viajeros de la carretera Acarigua-Barquisimeto e igualmente de ser “pirata de carretera”. Para el momento de su detención tenía una pistola calibre 6.35, solicitada por el CICPC de Guanare, según una información publicada por el diario EL IMPULSO el 25 de junio de este año.
Señaló que esta banda fue denunciada por ellos el dos de diciembre de 2004 ante la Fiscalía XVII con competencia nacional, a cargo del Dr. Rómulo Pacheco, y éste la remitió a la Fiscalía II del Estado Lara, pero nunca se inició ninguna investigación.
“No me quitarán el derecho de luchar”
La señora Luisa, madre del ingeniero Velandia, envió una carta en la cual expresa su opinión sobre el caso de su hijo, a quien le escribió lo siguiente:
“Mi querido hijo, sólo me queda tu recuerdo; el muchacho grandotote que llegaba todos los sábados: bendición maíta, me daba un beso y me envolvía en sus brazos. La vida me obliga a aceptar tu muerte, pero los hombres de esta sociedad de indolentes e incapaces no me quitarán el derecho de luchar, para que se haga justicia y con ello se esclarezca tu muerte. No hay día en que llore tú ausencia y no hay sábado que no espere tu llegada”.
Carmen Julia Viloria
IREMUJER apoyará al comité de víctimas contra la impunidad de Lara
La presidenta del Instituto Regional de la Mujer del estado Lara (IREMUJER), Belkis Gómez, manifestó el total apoyo por parte de la institución a las madres del comité de víctimas del estado Lara y el Argimiro Gabaldón.
El respaldo emana de la solicitud de mujeres y demás familias integrantes de los comités de víctimas contra la impunidad de la región quienes recurrieron al Instituto Regional de la Mujer (IREMUJER), para solicitar apoyo en pro de que se haga justicia.
Aseguró que desde la institución que lidera, brindarán toda la ayuda necesaria a las más de 50 mujeres que conforman el comité de víctimas.
Manifestó que los familiares de las 23 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, están en desacuerdo con los planes de seguridad que se han implantado en el Estado por lo que hizo un llamado para que se evalúen otras opciones.
7- 2008 - 23: 1
La presidenta del Instituto Regional de la Mujer del estado Lara (IREMUJER), Belkis Gómez, manifestó el total apoyo por parte de la institución a las madres del comité de víctimas del estado Lara y el Argimiro Gabaldón.
El respaldo emana de la solicitud de mujeres y demás familias integrantes de los comités de víctimas contra la impunidad de la región quienes recurrieron al Instituto Regional de la Mujer (IREMUJER), para solicitar apoyo en pro de que se haga justicia.
Aseguró que desde la institución que lidera, brindarán toda la ayuda necesaria a las más de 50 mujeres que conforman el comité de víctimas.
Manifestó que los familiares de las 23 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, están en desacuerdo con los planes de seguridad que se han implantado en el Estado por lo que hizo un llamado para que se evalúen otras opciones.
7- 2008 - 23: 1
Sentenciado a 23 años jefe de brigada policial
Wilfredo Febres, ex jefe de una brigada adscrita a la Policía de Guárico durante el mandato del gobernador Eduardo Manuit, fue sentenciado a 23 años de prisión, mientras que cuatro de quienes fueron sus subalternos deberán pasar 20 años en la cárcel por el asesinato de un comerciante de nacionalidad española.
Arturo Hernández, residenciado en San Juan de los Morros, había desaparecido en la primera quincena del mes de agosto del 2004 y su cadáver fue localizado el 12 de abril con señales de haber sido sometido a torturas.
Gracias a las denuncias de su familia, especialmente de su esposa Carmen Alicia Mota de Hernández, las investigaciones estuvieron dirigidas hacia la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, concretamente hacia su jefe, comisario Wilfredo Febres, quien, presuntamente, estaba extorsionando a la víctima que decidió no continuar dándole dinero.
Igualmente se llegó a la conclusión de que Febres comandaba un grupo de funcionarios corruptos quienes se encargaban directamente de las extorsiones, aunque también se les señala como atracadores de conductores de gandolas con mercancías y abigeato.
El caso llegó a la Asamblea Nacional a donde el gobernador Manuit fue acusado como cómplice de Febres en los delitos de homicidio, lesiones, privación ilegítima de libertad y extorsión, pero logró salir airoso de las acusaciones.
El mandatario lo había designado Inspector General de la Policía de Guárico.
Pero el Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa de Estado Guárico, al que se incorporó Carmen Alicia de Hernández, insistió en sus denuncias contra el grupo policial de Febres y la noche del miércoles el Tribunal de Juicio número 4 del estado Carabobo, donde había sido radicado el caso, sentenció a Wilfredo Febres a 23 años de prisión mientras que para Luis Enrique Ledezma Ruiz, Elvin Rafael Quiche, Adolfo León Idarraga y Juan Ramón Rivas Lara la pena impuesta fue de 20 años a cada uno.
El comité de víctimas guariqueño está dispuesto a seguir insistiendo para que también se enjuicie al ex gobernador Eduardo Manuit como presunto cómplice de quien fuera su jefe policial en algunos de los delitos que este cometió.
El Comité de Víctimas de Lara espera que la decisión del Poder Judicial de Carabobo sea un ejemplo para el de esta entidad donde se espera justicia en varios casos con cierto parecido.
Más información en la edición impresa del diario El Impulso de lara
Wilfredo Febres, ex jefe de una brigada adscrita a la Policía de Guárico durante el mandato del gobernador Eduardo Manuit, fue sentenciado a 23 años de prisión, mientras que cuatro de quienes fueron sus subalternos deberán pasar 20 años en la cárcel por el asesinato de un comerciante de nacionalidad española.
Arturo Hernández, residenciado en San Juan de los Morros, había desaparecido en la primera quincena del mes de agosto del 2004 y su cadáver fue localizado el 12 de abril con señales de haber sido sometido a torturas.
Gracias a las denuncias de su familia, especialmente de su esposa Carmen Alicia Mota de Hernández, las investigaciones estuvieron dirigidas hacia la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, concretamente hacia su jefe, comisario Wilfredo Febres, quien, presuntamente, estaba extorsionando a la víctima que decidió no continuar dándole dinero.
Igualmente se llegó a la conclusión de que Febres comandaba un grupo de funcionarios corruptos quienes se encargaban directamente de las extorsiones, aunque también se les señala como atracadores de conductores de gandolas con mercancías y abigeato.
El caso llegó a la Asamblea Nacional a donde el gobernador Manuit fue acusado como cómplice de Febres en los delitos de homicidio, lesiones, privación ilegítima de libertad y extorsión, pero logró salir airoso de las acusaciones.
El mandatario lo había designado Inspector General de la Policía de Guárico.
Pero el Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa de Estado Guárico, al que se incorporó Carmen Alicia de Hernández, insistió en sus denuncias contra el grupo policial de Febres y la noche del miércoles el Tribunal de Juicio número 4 del estado Carabobo, donde había sido radicado el caso, sentenció a Wilfredo Febres a 23 años de prisión mientras que para Luis Enrique Ledezma Ruiz, Elvin Rafael Quiche, Adolfo León Idarraga y Juan Ramón Rivas Lara la pena impuesta fue de 20 años a cada uno.
El comité de víctimas guariqueño está dispuesto a seguir insistiendo para que también se enjuicie al ex gobernador Eduardo Manuit como presunto cómplice de quien fuera su jefe policial en algunos de los delitos que este cometió.
El Comité de Víctimas de Lara espera que la decisión del Poder Judicial de Carabobo sea un ejemplo para el de esta entidad donde se espera justicia en varios casos con cierto parecido.
Más información en la edición impresa del diario El Impulso de lara
Comité de víctimas contra la impunidad develó monumento en la plaza de Santa Rosa del estado Lara
Este acto se llevó a cabo en el marco del III Aniversario del Comité de víctimas contra la impunidad. El monumento se levantó en honor a las víctimas de violencia por parte del Estado, muchas veces a través de los cuerpos policiales cuyos casos aún no han sido resueltos.
Manifestaron que instituciones judiciales como la Corte de Apelaciones del estado Lara les cercenaron los derechos a los ciudadanos dejando los crímenes impunes.
Informaron que a través del comité de víctimas contra la impunidad han logrado destituir de sus cargos a fiscales y jueces que a sus juicios no contribuyen con la ley y cambian sus deliberaciones por dinero.
Hasta la fecha, de 125 casos impunes sólo han logrado llevar a juicio 15 de ellos.
2- Enero 2007 - 18: 1
Este acto se llevó a cabo en el marco del III Aniversario del Comité de víctimas contra la impunidad. El monumento se levantó en honor a las víctimas de violencia por parte del Estado, muchas veces a través de los cuerpos policiales cuyos casos aún no han sido resueltos.
Manifestaron que instituciones judiciales como la Corte de Apelaciones del estado Lara les cercenaron los derechos a los ciudadanos dejando los crímenes impunes.
Informaron que a través del comité de víctimas contra la impunidad han logrado destituir de sus cargos a fiscales y jueces que a sus juicios no contribuyen con la ley y cambian sus deliberaciones por dinero.
Hasta la fecha, de 125 casos impunes sólo han logrado llevar a juicio 15 de ellos.
2- Enero 2007 - 18: 1
Comité de Víctimas Contra la Impunidad recordó sus 4 años de lucha contra los abusos del poder
Vie 05/12/2008 - 08:44
* Nacionales
* Derechos Humanos
Pablo Hernández
Por:
Prensa Provea
El pasado 29.11.08, el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI) del estado Lara realizó unos sentidos eventos en la capital larense para recordar sus cuatro años de lucha contra las desapariciones forzadas y la vulneración del derecho a la vida en la región. En horas de la tarde realizaron un foro en las instalaciones del postgrado de la Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA) sobre las masacres realizadas por funcionarios policiales, tanto en el estado Lara como en el territorio nacional. Entre los ponentes destacaron el abogado Pablo Espinal, ex fiscal regional, quien relató la serie de irregularidades en la investigación gubernamental alrededor de la llamada "Masacre de los Pocitos", ocurrida en enero del 2004, en la cual 8 adolescentes perdieron la vida y en el que las denuncias recaen sobre funcionarios policiales. Pablo Hernández Parra realizó una disertación acerca de la sistemática política de violación del derecho a la vida y a la justicia de las clases populares en las últimas décadas y Wolmer Pinilla, sobreviviente de la Masacre de El Amparo, describió la lucha de los sobrevivientes y familiares para lograr justicia en el caso en los 20 años transcurridos desde aquel crimen de Estado. Asimismo, se proyectó el documental "Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad".
En horas de la noche, en la población aledaña de Santa Rosa, se realizó un acto en recuerdo de las víctimas de la impunidad en la región, en el cual se develó una placa a ser anexada al monumento erigido por el CVCI en esta comunidad, en donde se registró uno de los primeros casos asumidos por el Comité. Entre los nombres anexados se encuentran los de Esteban Javier Vargas Hernández, Ramón París, José David Chávez Piña, José Antonio Orellana Rivero, Hengel Alexander Pérez Heredia y Fabricio Douglas Pérez Heredia. Poesía, canto, ofrendas florales y palabras de agradecimiento flotaron en el cálido ambiente, de manos de los familiares de las víctimas del abuso del poder y la ausencia de justicia en el país.
EL CVCI es una organización popular de carácter autónomo que ha venido desarrollando, junto a otras organizaciones sociales de la región como el Comité Argimiro Gabaldón, la lucha contra la impunidad y la denegación de sus derechos a los sectores desfavorecidos.
Vie 05/12/2008 - 08:44
* Nacionales
* Derechos Humanos
Pablo Hernández
Por:
Prensa Provea
El pasado 29.11.08, el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI) del estado Lara realizó unos sentidos eventos en la capital larense para recordar sus cuatro años de lucha contra las desapariciones forzadas y la vulneración del derecho a la vida en la región. En horas de la tarde realizaron un foro en las instalaciones del postgrado de la Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA) sobre las masacres realizadas por funcionarios policiales, tanto en el estado Lara como en el territorio nacional. Entre los ponentes destacaron el abogado Pablo Espinal, ex fiscal regional, quien relató la serie de irregularidades en la investigación gubernamental alrededor de la llamada "Masacre de los Pocitos", ocurrida en enero del 2004, en la cual 8 adolescentes perdieron la vida y en el que las denuncias recaen sobre funcionarios policiales. Pablo Hernández Parra realizó una disertación acerca de la sistemática política de violación del derecho a la vida y a la justicia de las clases populares en las últimas décadas y Wolmer Pinilla, sobreviviente de la Masacre de El Amparo, describió la lucha de los sobrevivientes y familiares para lograr justicia en el caso en los 20 años transcurridos desde aquel crimen de Estado. Asimismo, se proyectó el documental "Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad".
En horas de la noche, en la población aledaña de Santa Rosa, se realizó un acto en recuerdo de las víctimas de la impunidad en la región, en el cual se develó una placa a ser anexada al monumento erigido por el CVCI en esta comunidad, en donde se registró uno de los primeros casos asumidos por el Comité. Entre los nombres anexados se encuentran los de Esteban Javier Vargas Hernández, Ramón París, José David Chávez Piña, José Antonio Orellana Rivero, Hengel Alexander Pérez Heredia y Fabricio Douglas Pérez Heredia. Poesía, canto, ofrendas florales y palabras de agradecimiento flotaron en el cálido ambiente, de manos de los familiares de las víctimas del abuso del poder y la ausencia de justicia en el país.
EL CVCI es una organización popular de carácter autónomo que ha venido desarrollando, junto a otras organizaciones sociales de la región como el Comité Argimiro Gabaldón, la lucha contra la impunidad y la denegación de sus derechos a los sectores desfavorecidos.
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- BARQUISIMETO-LARA
RED NACIONAL DE COMITES DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
ESTAMOS DE LUTO DESDE HACE MUCHO TIEMPO
Desde hace año y medio el COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD ha venido alertando acerca de la ola de asesinatos que ocurren cada día, principalmente en los barrios humildes, y cómo la impunidad estimula su incremento, por cierto proporcional al incremento de los cuerpos de seguridad del estado. En el año 1993 existían 23 cuerpos policiales en Venezuela, y se registraron 4.292 homicidios, en el 2003 existían 95 cuerpos policiales y se registraron 13000 homicidios, es decir, los órganos de “seguridad” se incrementaron en un 330%, pero también los homicidios se incrementaron en un 300%.
Al presente se habla de más de 70 mil homicidios en el país en los últimos cinco años, en Lara tan sólo en el primer trimestre del 2006, más de cien.
Hoy, El COMITÉ DE VICTIMAS agrupa a casi cien familias quienes con su dolor y su impotencia a cuestas decidieron denunciar esta realidad; madres, padres, esposas, hijos, hermanas, trabajadores y trabajadoras que además de sufrir la pérdida de sus seres queridos, discapacidad física, amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad y delincuencia común, son burlados descarada y sistemáticamente por las instituciones que teóricamente deberían dar respuesta a cada uno de los casos pero que cada día se encuentran más lejos de hacerlo, pues evidentemente la impunidad es la norma, no la excepción.
Víctimas que han recorrido todas las instituciones del Estado: Cuerpos de Seguridad, Fiscalía General, Fiscalía Superior, Defensorías del Pueblo, Tribunales... es un verdadero vía crucis; invariablemente las investigaciones no se realizan (caso: Edward Durán, José Rafael Durán), se desvían (caso: David Rodríguez, Luis Acosta) o se retrasan (caso Liliana Salas), los Tribunales continúan difiriendo las audiencias (caso esposos Iafrate: más de 20 audiencias diferidas en los tribunales del estado Falcón), (caso Darwin Ribas, Andrés José Cabrera) Los asesinos continúan en libertad bien sea porque las famosas ordenes de captura nunca se ejecutan (caso: Douglas Principal, Eliana Maya) o porque los jueces otorgan beneficio a los imputados a espaldas de las víctimas (Caso: Elpidio Hernández, Albert Martínez, Luis Alfonso Pérez). Hector Luis Velandia -lamentamos no poder mencionar todos los casos por razones de espacio.-
Sabemos que el Juez JORGE QUERALES, antes del proceso de rotación de jueces, otorgó beneficios a siete policías imputados por diversos delitos (entre ellos al policía del GOT imputado por el homicidio calificado de Elpidio Hernández, a los policías asesinos de los adolescentes de El Tostao y los del caso La Tomatera), igual ocurrió con los policías imputados por uno de los casos del informe MANUIT, edo Guárico y con los policías del GRUPO EXTERMINIO, edo Portuguesa.
En este contexto nos preguntamos: pedirle justicia a quién? Al Fiscal Superior o al Fiscal General, y a sus comisiones de fiscales? a la Defensoría del Pueblo? Al comandante de la Policía? al Presidente del Circuito Judicial y sus jueces? al ejecutivo?
Se reitera que el enemigo a enfrentar es el imperio, pero son la delincuencia común y los llamados “cuerpos de seguridad” los que mantienen en estado de sitio a quienes no contamos con guarda espaldas ni con dinero para pagar un abogado o un juez. Se nos ofrece como respuesta más policías, más militarización de la sociedad (hasta la miltarización de las Instituciones educativas viene siendo apoyada por la propias comunidades, soslayando que existe un alarmante número de policías que se encuentran involucrados y/o investigados por homicidios, violaciones, secuestro, extorsión, ajusticiamiento, intimidación, siembra de droga; la propia Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República reconoce que existen más de 6000 policías investigados por diversos delitos y que sólo el 1% de ellos han sido sentenciados.
Se apresuran en la Asamblea Nacional a aprobar la Ley de Policía Nacional cuyo fin es centralizar todo el aparato represivo en manos del ejecutivo, se discute la LEY ANTITERRORISTA, en la cual se califica de terrorista a todo aquel que se atreva a protestar; con ello se amplía el marco jurídico para la militarización y la represión selectiva como única alternativa de un Estado que necesita legalizar su aparato de terror, de dominación y de crimen para mantener su fachada democrática.
Hoy ante el repudiable asesinato de los jóvenes Faddoul, del trabajador Miguel Rivas y del reportero Jorge Aguirre, hasta los mas corruptos se rasgan las vestiduras por la justicia, ya lo habían hecho el pasado 27/6/05 cuando tres estudiantes fueron asesinados por policías en el sector Kennedy de Caracas. Y como el descaro y la hipocresía no tienen límites la Arquidiócesis de Barquisimeto - seminaristas, sacerdotes del Clero y su principal jerarca Monseñor Tulio Manuel Chirivella- congregó a la feligresía barquisimetana en un Vía Crucis donde rogó por el sacerdote Luis Alberto Mosquera Delgado imputado por abusar sexualmente de un pequeño de seis años en Barrio San Jacinto.
Necesario es NO OLVIDAR a los dos adolescentes asesinados en el barrio San Juan de Barquisimeto, a los tres hermanos Rojas asesinados en El Tostao, a los hermanos Figueroa asesinados en Tierra Negra, al pequeño Robert Ramírez R. asesinado en Los Colerientos, a las niñas Eliana Maya asesinada en Los Rastrojos y Catherine Sánchez asesinada en La Carucieña, a los jóvenes Juan Carlos Mellizo y José Felix Arcia, a las víctimas de la masacre de Los Pocitos, de Río Claro, de Yumare, Cantaura y El Amparo; a las miles de madres anónimas obligadas por sus condiciones materiales a convivir con la amenaza de sus verdugos y que en una realidad absoluta de desamparo lloran a sus hijos asesinados impunemente y temen por los que aún están vivos; a los cientos de miles de niños huérfanos de padres y madres abatidos por la violencia.
Recordemos que la EMPRESA DELL ACQUA Y el Estado tienen cuatro años negando la indemnización que por derecho le corresponde a los más de 70 ex trabajadores del SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR victimas de accidentes laborales.
Recordemos que nuestros compañeros de la Red Nacional de Comités de Victimas Contra la Impunidad vienen denunciando los ajusticiamientos en los estados Guárico, Aragua, Falcón, Anzóategui y Bolívar, donde son acosados por los cuerpos de seguridad y sus sicarios para policiales.
Recordemos a los más de 400 penados y procesados asesinados en las cárceles durante el año 2005.
Recordemos a los más de 300 trabajadores del campo y líderes campesinos asesinados en manos de sicarios.
Y ALERTAMOS UNA VEZ MÁS QUE LOS RESPONSABLES DE ESTOS CRÍMENES INVARIABLEMENTE SIGUEN LIBRES, GOZANDO DE GARANTIAS Y BENEFICIOS PARA VOLVERLO A HACER.
Ante tanta impunidad nos corresponde a nosotros librar una cruzada por la vida, alzando nuestra protesta contra todos estos atropellos. Buscamos el objetivo de la unificación de las luchas en Lara y en todo el país, unificación que sólo alcanzaremos si se extiende la solidaridad y el apoyo efectivo superando los intereses parciales, coyunturales y oportunistas.
Por los vivos, POR LOS MUERTOS y por los que están por nacer.
¡¡NI LA JUSTICIA DEL ESTADO NI LA JUSTICIA DIVINA, SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
LIBERTAD PARA ANDRES J. CABRERA Y DARWIN RIBAS.
¡¡INDEMNIZACIÓN YA PARA LOS EX TRABAJADORES VICTIMAS DE ACCIDENTES LABORALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBU- QUIBOR!!
Guardar silencio ante la impunidad es actuar a su favor
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- BARQUISIMETO-LARA
RED NACIONAL DE COMITES DE VCICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
Abril 2006
RED NACIONAL DE COMITES DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
ESTAMOS DE LUTO DESDE HACE MUCHO TIEMPO
Desde hace año y medio el COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD ha venido alertando acerca de la ola de asesinatos que ocurren cada día, principalmente en los barrios humildes, y cómo la impunidad estimula su incremento, por cierto proporcional al incremento de los cuerpos de seguridad del estado. En el año 1993 existían 23 cuerpos policiales en Venezuela, y se registraron 4.292 homicidios, en el 2003 existían 95 cuerpos policiales y se registraron 13000 homicidios, es decir, los órganos de “seguridad” se incrementaron en un 330%, pero también los homicidios se incrementaron en un 300%.
Al presente se habla de más de 70 mil homicidios en el país en los últimos cinco años, en Lara tan sólo en el primer trimestre del 2006, más de cien.
Hoy, El COMITÉ DE VICTIMAS agrupa a casi cien familias quienes con su dolor y su impotencia a cuestas decidieron denunciar esta realidad; madres, padres, esposas, hijos, hermanas, trabajadores y trabajadoras que además de sufrir la pérdida de sus seres queridos, discapacidad física, amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad y delincuencia común, son burlados descarada y sistemáticamente por las instituciones que teóricamente deberían dar respuesta a cada uno de los casos pero que cada día se encuentran más lejos de hacerlo, pues evidentemente la impunidad es la norma, no la excepción.
Víctimas que han recorrido todas las instituciones del Estado: Cuerpos de Seguridad, Fiscalía General, Fiscalía Superior, Defensorías del Pueblo, Tribunales... es un verdadero vía crucis; invariablemente las investigaciones no se realizan (caso: Edward Durán, José Rafael Durán), se desvían (caso: David Rodríguez, Luis Acosta) o se retrasan (caso Liliana Salas), los Tribunales continúan difiriendo las audiencias (caso esposos Iafrate: más de 20 audiencias diferidas en los tribunales del estado Falcón), (caso Darwin Ribas, Andrés José Cabrera) Los asesinos continúan en libertad bien sea porque las famosas ordenes de captura nunca se ejecutan (caso: Douglas Principal, Eliana Maya) o porque los jueces otorgan beneficio a los imputados a espaldas de las víctimas (Caso: Elpidio Hernández, Albert Martínez, Luis Alfonso Pérez). Hector Luis Velandia -lamentamos no poder mencionar todos los casos por razones de espacio.-
Sabemos que el Juez JORGE QUERALES, antes del proceso de rotación de jueces, otorgó beneficios a siete policías imputados por diversos delitos (entre ellos al policía del GOT imputado por el homicidio calificado de Elpidio Hernández, a los policías asesinos de los adolescentes de El Tostao y los del caso La Tomatera), igual ocurrió con los policías imputados por uno de los casos del informe MANUIT, edo Guárico y con los policías del GRUPO EXTERMINIO, edo Portuguesa.
En este contexto nos preguntamos: pedirle justicia a quién? Al Fiscal Superior o al Fiscal General, y a sus comisiones de fiscales? a la Defensoría del Pueblo? Al comandante de la Policía? al Presidente del Circuito Judicial y sus jueces? al ejecutivo?
Se reitera que el enemigo a enfrentar es el imperio, pero son la delincuencia común y los llamados “cuerpos de seguridad” los que mantienen en estado de sitio a quienes no contamos con guarda espaldas ni con dinero para pagar un abogado o un juez. Se nos ofrece como respuesta más policías, más militarización de la sociedad (hasta la miltarización de las Instituciones educativas viene siendo apoyada por la propias comunidades, soslayando que existe un alarmante número de policías que se encuentran involucrados y/o investigados por homicidios, violaciones, secuestro, extorsión, ajusticiamiento, intimidación, siembra de droga; la propia Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República reconoce que existen más de 6000 policías investigados por diversos delitos y que sólo el 1% de ellos han sido sentenciados.
Se apresuran en la Asamblea Nacional a aprobar la Ley de Policía Nacional cuyo fin es centralizar todo el aparato represivo en manos del ejecutivo, se discute la LEY ANTITERRORISTA, en la cual se califica de terrorista a todo aquel que se atreva a protestar; con ello se amplía el marco jurídico para la militarización y la represión selectiva como única alternativa de un Estado que necesita legalizar su aparato de terror, de dominación y de crimen para mantener su fachada democrática.
Hoy ante el repudiable asesinato de los jóvenes Faddoul, del trabajador Miguel Rivas y del reportero Jorge Aguirre, hasta los mas corruptos se rasgan las vestiduras por la justicia, ya lo habían hecho el pasado 27/6/05 cuando tres estudiantes fueron asesinados por policías en el sector Kennedy de Caracas. Y como el descaro y la hipocresía no tienen límites la Arquidiócesis de Barquisimeto - seminaristas, sacerdotes del Clero y su principal jerarca Monseñor Tulio Manuel Chirivella- congregó a la feligresía barquisimetana en un Vía Crucis donde rogó por el sacerdote Luis Alberto Mosquera Delgado imputado por abusar sexualmente de un pequeño de seis años en Barrio San Jacinto.
Necesario es NO OLVIDAR a los dos adolescentes asesinados en el barrio San Juan de Barquisimeto, a los tres hermanos Rojas asesinados en El Tostao, a los hermanos Figueroa asesinados en Tierra Negra, al pequeño Robert Ramírez R. asesinado en Los Colerientos, a las niñas Eliana Maya asesinada en Los Rastrojos y Catherine Sánchez asesinada en La Carucieña, a los jóvenes Juan Carlos Mellizo y José Felix Arcia, a las víctimas de la masacre de Los Pocitos, de Río Claro, de Yumare, Cantaura y El Amparo; a las miles de madres anónimas obligadas por sus condiciones materiales a convivir con la amenaza de sus verdugos y que en una realidad absoluta de desamparo lloran a sus hijos asesinados impunemente y temen por los que aún están vivos; a los cientos de miles de niños huérfanos de padres y madres abatidos por la violencia.
Recordemos que la EMPRESA DELL ACQUA Y el Estado tienen cuatro años negando la indemnización que por derecho le corresponde a los más de 70 ex trabajadores del SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR victimas de accidentes laborales.
Recordemos que nuestros compañeros de la Red Nacional de Comités de Victimas Contra la Impunidad vienen denunciando los ajusticiamientos en los estados Guárico, Aragua, Falcón, Anzóategui y Bolívar, donde son acosados por los cuerpos de seguridad y sus sicarios para policiales.
Recordemos a los más de 400 penados y procesados asesinados en las cárceles durante el año 2005.
Recordemos a los más de 300 trabajadores del campo y líderes campesinos asesinados en manos de sicarios.
Y ALERTAMOS UNA VEZ MÁS QUE LOS RESPONSABLES DE ESTOS CRÍMENES INVARIABLEMENTE SIGUEN LIBRES, GOZANDO DE GARANTIAS Y BENEFICIOS PARA VOLVERLO A HACER.
Ante tanta impunidad nos corresponde a nosotros librar una cruzada por la vida, alzando nuestra protesta contra todos estos atropellos. Buscamos el objetivo de la unificación de las luchas en Lara y en todo el país, unificación que sólo alcanzaremos si se extiende la solidaridad y el apoyo efectivo superando los intereses parciales, coyunturales y oportunistas.
Por los vivos, POR LOS MUERTOS y por los que están por nacer.
¡¡NI LA JUSTICIA DEL ESTADO NI LA JUSTICIA DIVINA, SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
LIBERTAD PARA ANDRES J. CABRERA Y DARWIN RIBAS.
¡¡INDEMNIZACIÓN YA PARA LOS EX TRABAJADORES VICTIMAS DE ACCIDENTES LABORALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBU- QUIBOR!!
Guardar silencio ante la impunidad es actuar a su favor
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- BARQUISIMETO-LARA
RED NACIONAL DE COMITES DE VCICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
Abril 2006
Pretenden encarcelar a miembros del Comité de Víctimas de Lara
Se declaran en emergencia
Comité de Victimas denunció campaña de hostigamiento contra sus miembros / Aseguran que los fiscales pretenden llevarlos a la cárcel para silenciar sus voces de protestas contra la violación a los derechos humanos y el retardo procesal
El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara se declaró en emergencia ante la ola de hostigamiento en contra de sus miembros, quienes, de manera constante, han venido denunciando la violación a los derechos humanos.
Así lo informaron Ninoska Pifano, César Vizcaya, Miriam Núñez, Wilfredo Velandria, Luis Salas, Luzmila Jiménez, entre otros integrantes, quienes ofrecieron una rueda de prensa ayer en la mañana en el Ateneo de Barquisimeto.
La organización, a través de un comunicado, explicó que "la juez de control N° 9 de la Circunscripción Judicial de Lara, abogada Blanca Santana, admitió la solicitud de auxilio judicial para que de inmediato la fiscal 5°, abogada Norma Consenza y a su auxiliar, Yaritza Berrios, solicitaran a la Dirección de Delincuencia Organizada del Cicpc que se investigara a los miembros del comité.
Señalaron que "la Fiscalía 5° en el transcurso de tres años, aún no ha presentado el acto conclusivo por el caso de sicariato que cegó la vida de Liliana Salas, pero sí ha sido muy eficiente para solicitar al Cicpc una investigación a integrantes del comité por el hecho de denunciar ante las instancias correspondientes y ante la opinión pública la negligencia de un fiscal de esta entidad".
-Ese fiscal ordenó el levantamiento de un accidente de tránsito normal y no de un robo de vehículo, la detención de armas de fuego y un homicidio en calidad de dolo eventual en perjuicio del ingeniero Héctor Velandia, lo cual fue denunciado por los familiares de la víctima y el fiscal fue destituido posteriormente.
Es necesario destacar que las funcionarias que ordenaron la investigación en contra de nosotros son amigas personales del abogado José Enrique Castillo Rodríguez, quien tiene una investigación abierta en la fiscalía 22 de Salvaguarda por su presunta negligencia en el caso de Velandia, signada con la nomenclatura N° 13F22-0339-04.
-Estas abogadas se han trasladado al Cicpc para presionar a los funcionarios para que nos cite. Nos preguntamos ¿por qué tanto interés? Será que de esta manera ellas representan la justicia y quieren resolver el problema de impunidad que existe en el estado Lara.
Dentro del objetivo ellas buscan llevar a la cárcel a los miembros del comité debido a las denuncias que constantemente hacemos y de esa manera pretenden silenciar todas las irregularidades y atropellos que sufren las clases más desposeídas sedientas de justicia, cuando le son vulnerados sus derechos que los convierte doblemente víctimas.
Recordaron que fue la fiscal Consenza quien solicitó a la juez Blanca Santana un sobreseimiento en el caso de los médicos forenses Bolívar Iseas Morales y Juan Pastor Leal, quienes falsearon, al parecer, la edad de los hechos en el caso de ajusticiamiento de los adolescentes del barrio San Juan, tal como quedó demostrado en la exhumación. Igualmente esta honorable juez fue la que concedió la medida cautelar de estar preso en su comando a los cinco supuestos asesinos del caso antes citado.
Asimismo el Comité rechazó el caso de agresión contra la ex jueza Mirla Quiñones "que por denunciar con nombre y apellido al funcionario responsable del asesinato de su hijo Jacobo Henríquez, de 15 años de edad, le fabricaron un expediente utilizando la cédula de identidad de otra persona y actualmente se encuentra bajo régimen de presentación y el tribunal le prohíbe declarar públicamente su caso".
-Rechazamos la agresiones de las cuales fue objeto el fiscal 21 de Derechos Fundamentales, abogado Pablo Espinal, quien fue atacado físicamente por familiares de policías y funcionarios vestidos de civiles y hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del fiscal superior Jorge Eliécer Rondón.
Asimismo denunciamos a un abogado de apellido Castro, quien viene participando en las brigadas de choque contra la víctimas de abuso policial y en contra del Fiscal 21. Este abogado se ha dado a la tarea de proferir insultos y amenazas de muerte a integrantes del comité, lo cual ha sido denunciado de manera formal ante la fiscalía.
Solidaridad con EL IMPULSO
-El comité además se solidariza con el diario EL IMPULSO y con la autora de esta nota y rechaza de manera categórica la actitud asumida de amedrentamiento por parte de la fiscalía 22, la cual solicitó ante la Disip que la convocara para declarar por una causa penal a esta profesional del periodismo que ha publicado una serie de reportajes que han introducido en la agenda regional y nacional el tema de la violación a los derechos humanos.
En el caso del periódico EL IMPULSO "hasta una carta de opinión enviada a la sección de apartado de lectores fue motivo para el inicio de un juicio penal contra este prestigioso medio regional".
-Consideramos que así como es eficiente la Fiscalía 22 para silenciar la voz del pueblo atropellado y maltratado, debe ser eficiente con las más de 600 causas que reposan inertes en este despacho.
"Desde esta tribuna hacemos un llamado a toda la opinión pública nacional y regional, a todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y del mundo, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se dediquen al conocimiento y se pronuncien al respecto, debido a que se pretende llevar a la cárcel a los miembros del Comité de Víctimas creando una maniobra jurídica, con la colaboración de mafias judiciales el poder judicial, para de esta manera silenciar nuestra voz de protesta.
Pero no tenemos miedo y nos sobra dignidad. El valor lo representamos en nombre de todos nuestros seres queridos que yacen sepultados que perdieron la vida a manos de funcionarios policiales y el hampa común. Y concluimos este comunicado recordando que Lara nuevamente se viste con el rostro de la impunidad".
Solidaridad con Aragua y Falcón
Asimismo los integrantes del Comité de Víctimas mencionaron que hay compañeros de la Red Nacional de Comité de Víctimas de Aragua y Falcón, quienes vienen sufriendo una situación similar de amedrentamiento.
Citaron el caso de Luis Aguilera, miembro de la organización de DDHH Justicia y Paz y de la Red Nacional de Comités, quien, el "pasado miércoles 18 de octubre cuando se disponía a viajar a la ciudad de Washington para asistir a una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de DDHH con relación al caso de los asesinatos de la familia Barrios por parte de funcionarios policiales del estado Aragua, fue detenido por funcionarios de la GN. Por supuesta investigación por tráfico de droga, lo retuvieron, desde la 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el tiempo necesario para que perdiera el avión el cual partió a las 2:30 de la tarde. El objetivo de su detención no era otro que impedir que el compañero presentara nuevas pruebas en contra del estado ante la CIDH.
En la actividad estuvo también presente Hisvet Fernández, presidente del Cecavit, quien hizo mención al caso de violación de los DDHH a la ex jueza Mirla Quiñones, presuntamente agredida física y verbalmente por la abogada Maribel Linares durante un desalojo practicado en el sector Las Tunas.
Hisvet dijo que el caso de Quiñones resumen un caso muy particular de violación a los derechos humanos de las mujeres, porque se concentran varias violaciones a la vez porque se le asesinan a un hijo y ella trata de abordar el caso no sólo como madre sino abogada, pero fue agredida físicamente por una funcionaria y ahora se encuentra en calidad de imputada porque fue víctima de una simulación de hecho punible"
Anunció que Cecavit está trabajando para empezar el capitulo Lara de un observatorio de los derechos humanos de las mujeres.
Además se sumaron las personas que desde el pasado miércoles iniciaron una huelga de hambre frente al Edificio Nacional para denunciar las torturas y la negación al debido proceso del cual es víctima Jhoan Castillo, director del Frente Francisco de Miranda del estado Lara y Febe Aular, joven luchadora social y militante revolucionaria.
[*] E-mail: juliacarv2000@yahoo.com
Comité de Victimas denunció campaña de hostigamiento contra sus miembros / Aseguran que los fiscales pretenden llevarlos a la cárcel para silenciar sus voces de protestas contra la violación a los derechos humanos y el retardo procesal
El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara se declaró en emergencia ante la ola de hostigamiento en contra de sus miembros, quienes, de manera constante, han venido denunciando la violación a los derechos humanos.
Así lo informaron Ninoska Pifano, César Vizcaya, Miriam Núñez, Wilfredo Velandria, Luis Salas, Luzmila Jiménez, entre otros integrantes, quienes ofrecieron una rueda de prensa ayer en la mañana en el Ateneo de Barquisimeto.
La organización, a través de un comunicado, explicó que "la juez de control N° 9 de la Circunscripción Judicial de Lara, abogada Blanca Santana, admitió la solicitud de auxilio judicial para que de inmediato la fiscal 5°, abogada Norma Consenza y a su auxiliar, Yaritza Berrios, solicitaran a la Dirección de Delincuencia Organizada del Cicpc que se investigara a los miembros del comité.
Señalaron que "la Fiscalía 5° en el transcurso de tres años, aún no ha presentado el acto conclusivo por el caso de sicariato que cegó la vida de Liliana Salas, pero sí ha sido muy eficiente para solicitar al Cicpc una investigación a integrantes del comité por el hecho de denunciar ante las instancias correspondientes y ante la opinión pública la negligencia de un fiscal de esta entidad".
-Ese fiscal ordenó el levantamiento de un accidente de tránsito normal y no de un robo de vehículo, la detención de armas de fuego y un homicidio en calidad de dolo eventual en perjuicio del ingeniero Héctor Velandia, lo cual fue denunciado por los familiares de la víctima y el fiscal fue destituido posteriormente.
Es necesario destacar que las funcionarias que ordenaron la investigación en contra de nosotros son amigas personales del abogado José Enrique Castillo Rodríguez, quien tiene una investigación abierta en la fiscalía 22 de Salvaguarda por su presunta negligencia en el caso de Velandia, signada con la nomenclatura N° 13F22-0339-04.
-Estas abogadas se han trasladado al Cicpc para presionar a los funcionarios para que nos cite. Nos preguntamos ¿por qué tanto interés? Será que de esta manera ellas representan la justicia y quieren resolver el problema de impunidad que existe en el estado Lara.
Dentro del objetivo ellas buscan llevar a la cárcel a los miembros del comité debido a las denuncias que constantemente hacemos y de esa manera pretenden silenciar todas las irregularidades y atropellos que sufren las clases más desposeídas sedientas de justicia, cuando le son vulnerados sus derechos que los convierte doblemente víctimas.
Recordaron que fue la fiscal Consenza quien solicitó a la juez Blanca Santana un sobreseimiento en el caso de los médicos forenses Bolívar Iseas Morales y Juan Pastor Leal, quienes falsearon, al parecer, la edad de los hechos en el caso de ajusticiamiento de los adolescentes del barrio San Juan, tal como quedó demostrado en la exhumación. Igualmente esta honorable juez fue la que concedió la medida cautelar de estar preso en su comando a los cinco supuestos asesinos del caso antes citado.
Asimismo el Comité rechazó el caso de agresión contra la ex jueza Mirla Quiñones "que por denunciar con nombre y apellido al funcionario responsable del asesinato de su hijo Jacobo Henríquez, de 15 años de edad, le fabricaron un expediente utilizando la cédula de identidad de otra persona y actualmente se encuentra bajo régimen de presentación y el tribunal le prohíbe declarar públicamente su caso".
-Rechazamos la agresiones de las cuales fue objeto el fiscal 21 de Derechos Fundamentales, abogado Pablo Espinal, quien fue atacado físicamente por familiares de policías y funcionarios vestidos de civiles y hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del fiscal superior Jorge Eliécer Rondón.
Asimismo denunciamos a un abogado de apellido Castro, quien viene participando en las brigadas de choque contra la víctimas de abuso policial y en contra del Fiscal 21. Este abogado se ha dado a la tarea de proferir insultos y amenazas de muerte a integrantes del comité, lo cual ha sido denunciado de manera formal ante la fiscalía.
Solidaridad con EL IMPULSO
-El comité además se solidariza con el diario EL IMPULSO y con la autora de esta nota y rechaza de manera categórica la actitud asumida de amedrentamiento por parte de la fiscalía 22, la cual solicitó ante la Disip que la convocara para declarar por una causa penal a esta profesional del periodismo que ha publicado una serie de reportajes que han introducido en la agenda regional y nacional el tema de la violación a los derechos humanos.
En el caso del periódico EL IMPULSO "hasta una carta de opinión enviada a la sección de apartado de lectores fue motivo para el inicio de un juicio penal contra este prestigioso medio regional".
-Consideramos que así como es eficiente la Fiscalía 22 para silenciar la voz del pueblo atropellado y maltratado, debe ser eficiente con las más de 600 causas que reposan inertes en este despacho.
"Desde esta tribuna hacemos un llamado a toda la opinión pública nacional y regional, a todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y del mundo, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se dediquen al conocimiento y se pronuncien al respecto, debido a que se pretende llevar a la cárcel a los miembros del Comité de Víctimas creando una maniobra jurídica, con la colaboración de mafias judiciales el poder judicial, para de esta manera silenciar nuestra voz de protesta.
Pero no tenemos miedo y nos sobra dignidad. El valor lo representamos en nombre de todos nuestros seres queridos que yacen sepultados que perdieron la vida a manos de funcionarios policiales y el hampa común. Y concluimos este comunicado recordando que Lara nuevamente se viste con el rostro de la impunidad".
Solidaridad con Aragua y Falcón
Asimismo los integrantes del Comité de Víctimas mencionaron que hay compañeros de la Red Nacional de Comité de Víctimas de Aragua y Falcón, quienes vienen sufriendo una situación similar de amedrentamiento.
Citaron el caso de Luis Aguilera, miembro de la organización de DDHH Justicia y Paz y de la Red Nacional de Comités, quien, el "pasado miércoles 18 de octubre cuando se disponía a viajar a la ciudad de Washington para asistir a una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de DDHH con relación al caso de los asesinatos de la familia Barrios por parte de funcionarios policiales del estado Aragua, fue detenido por funcionarios de la GN. Por supuesta investigación por tráfico de droga, lo retuvieron, desde la 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el tiempo necesario para que perdiera el avión el cual partió a las 2:30 de la tarde. El objetivo de su detención no era otro que impedir que el compañero presentara nuevas pruebas en contra del estado ante la CIDH.
En la actividad estuvo también presente Hisvet Fernández, presidente del Cecavit, quien hizo mención al caso de violación de los DDHH a la ex jueza Mirla Quiñones, presuntamente agredida física y verbalmente por la abogada Maribel Linares durante un desalojo practicado en el sector Las Tunas.
Hisvet dijo que el caso de Quiñones resumen un caso muy particular de violación a los derechos humanos de las mujeres, porque se concentran varias violaciones a la vez porque se le asesinan a un hijo y ella trata de abordar el caso no sólo como madre sino abogada, pero fue agredida físicamente por una funcionaria y ahora se encuentra en calidad de imputada porque fue víctima de una simulación de hecho punible"
Anunció que Cecavit está trabajando para empezar el capitulo Lara de un observatorio de los derechos humanos de las mujeres.
Además se sumaron las personas que desde el pasado miércoles iniciaron una huelga de hambre frente al Edificio Nacional para denunciar las torturas y la negación al debido proceso del cual es víctima Jhoan Castillo, director del Frente Francisco de Miranda del estado Lara y Febe Aular, joven luchadora social y militante revolucionaria.
[*] E-mail: juliacarv2000@yahoo.com
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